Aunque tarde, el debate sobre la violencia social en los centros educativos ha llegado también al Parlamento Vasco, en muy buena medida por el empeño del Grupo Socialista. Y, así, el 2 de marzo pasado la Cámara aprobaba, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, una resolución conjunta que, en líneas generales, obliga al Consejero de Educación a informar al Parlamento sobre la situación actual del acoso escolar y otras expresiones de violencia en las aulas, así como sobre la evolución anual de este fenómeno; y también a adoptar otras medidas: como crear un organismo consultivo con amplia participación social, reforzar las tutorías y culminar el Plan Integral de Convivencia Escolar, que permita garantizar la existencia de otros planes particulares en los centros educativos..
Es éste un problema serio, que va más allá del bullying o acoso entre iguales. Estamos hablando de violencia social juvenil, una patología que afecta a jóvenes y que se expresa en el aula y fuera de ella. Un trastorno que hay que atender con esmero en cualquier sociedad, y más aún en la sociedad vasca. No olvidemos que fue aquí donde este fenómeno se manifestó en toda su crudeza con la trágica muerte de Jokin, que fue un verdadero aldabonazo en la opinión pública del País Vasco y de toda España. Y nos reveló también carencias importantes, dentro y fuera de nuestro sistema educativo, que debían ser detectadas y corregidas, para lo cual tenían que ser previamente sometidas a debate público.
Un debate que implica a toda la sociedad. Entre otras razones, porque esta cuestión tiene mucho que ver con un deslizamiento preocupante hacia una corrupción más general de nuestra convivencia, puesta de relieve a través de: pérdida de valores, desprecio a los otros, crisis de las familias, marginación social, voracidad comercial, creciente mercantilización informativa, gregarismo..., por citar algunas de sus manifestaciones. Sin olvidarnos de algo tan característico, de nuestra época como es la extrema banalización de la violencia y la indiferencia ante sus efectos.
No podemos, por tanto, limitarnos al ámbito escolar; ni tampoco a abrir un debate parcial sobre la violencia en los centros de enseñanza, en los que los alumnos sólo pasan unas 30 horas semanales. Suponiendo que duerman 56, quedarían otras 82 horas de las que poderes públicos y sociedad, deberíamos ocuparnos, porque son de nuestra incumbencia. Hay, pues, una tarea que es incumbencia de todos: Gobierno, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y de tiempo libre, de medios de comunicación...
Y que es, por supuesto, y muy en primer lugar, una tarea de la escuela, que no tiene todas las respuestas, pero sí algunas respuestas para abordar el problema: desde una claridad de conceptos que evite el relativismo moral; y desde una extensión a todos los centros educativos vascos de una efectiva educación en valores.
Hay muchas cosas que se pueden hacer en el ámbito educativo para prevenir situaciones de violencia en los centros: en la formación del profesorado, para hacer frente a situaciones de conflicto; en el impulso a las tutorías individuales para lograr el conocimiento personalizado del alumno; en la reflexión y debate en el seno de la comunidad escolar; en la evaluación; en el diálogo entre centros educativos y familias; en la puesta en marcha de la Educación para la Ciudadanía; o, en este misma línea, en la educación en valores democráticos y contra el totalitarismo, de acuerdo con las Resoluciones sobre Víctimas del terrorismo aprobadas por esta Cámara.
Porque, sin querer mezclar la violencia terrorista con la social, tampoco podemos olvidar que ambas afectan, o pueden afectar, por igual a nuestros jóvenes y adolescentes; y tienen, por tanto, que ser combatidas con la misma pedagogía, dentro y fuera de la escuela. Y llamando a las cosas por su nombre: porque no es lo mismo hablar del "conflicto vasco", que de ETA; ni contar el sufrimiento de las víctimas, que no hacerlo; ni tomar como referentes necesarios de convivencia la libertad, la paz y la igualdad, que diluírlas en genéricos llamamientos a los "Derechos Humanos".
Porque es aquí donde contemplamos con horror el reclutamiento que todavía hoy hace el terrorismo entre una juventud débil y desinformada. Es aquí donde no olvidamos el trágico final de Alejo Aznar en las calles de Romo a manos de adolescentes un fin de semana cualquiera. Aquí donde lloramos la muerte de Jokin. Aquí donde hemos sabido que algunos alumnos acuden a clase acompañados de la Ertzaintza y que hay profesores que han sido agredidos por sus alumnos. Y es aquí, finalmente, donde hemos sentido náuseas ante la profanación de la tumba de Gregorio Ordóñez.
Son diferentes expresiones de violencia que debe combatir una misma educación basada en el respeto mutuo y en la formación de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Todos sabemos por desgraciada experiencia de muchos años cómo se degrada la igualdad que está en la base de la cultura democrática cuando unos ciudadanos ejercen violencia terrorista sobre otros. No queremos que éstos u otros comportamientos de agresión violenta, que niegan de raíz derechos cívicos elementales se reproduzcan entre nuestros escolares. Aún estamos a tiempo de actuar y poner en marcha acciones que nos permitan desactivar el código de silencio que es siempre cómplice de la violencia.
Isabel Celaá es portavoz socialista de Educación en el Parlamento vasco.
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/escuela/problema/todos/elpepuesppvs/20070313elpvas_7/Tes
16 de mayo de 2007
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